En el corazón de cualquier sociedad moderna late la educación, ese pilar invisible que moldea el futuro colectivo. Sin embargo, en España, este pilar parece agrietarse bajo el peso de desigualdades crecientes. El nivel educativo en los centros públicos desciende de manera alarmante, mientras que las academias privadas proliferan como hongos después de la lluvia, atrayendo a familias con recursos y dejando atrás a las más vulnerables. Esta dicotomía no es mera coincidencia; es el reflejo de un sistema que prioriza el mercado sobre la equidad, donde la calidad se convierte en privilegio y el conocimiento en mercancía. Reflexionar sobre esta relación invita a cuestionar no solo las políticas educativas, sino los valores que sustentan nuestra convivencia social.
El panorama es desolador. Según informes internacionales como PISA, el rendimiento de los alumnos españoles en competencias básicas como matemáticas y lectura se estanca o retrocede, situándonos por debajo de la media de la OCDE. En los centros públicos, donde se concentra el 67% del alumnado, esta caída es más pronunciada. El 26,8% de los estudiantes en escuelas públicas provienen de entornos socioeconómicos desfavorecidos, un porcentaje que duplica el de los concertados y triplica el de los privados. Esta segregación no es un accidente: responde a dinámicas urbanas y políticas que canalizan a los niños de barrios humildes hacia instituciones públicas saturadas, mientras que las familias de clase media optan por alternativas que prometen «calidad». El resultado es un círculo vicioso: aulas con alta complejidad social, donde la diversidad se traduce en desafíos para el profesorado, que lucha por atender necesidades individuales con recursos limitados.
Las causas de este declive son multifactoriales y profundas. La pandemia de COVID-19 actuó como catalizador, exacerbando brechas preexistentes. En España, el impacto fue menor que en otros países gracias a la rápida reapertura de centros, pero aun así, el 40% de los alumnos desfavorecidos registró un bajo rendimiento en matemáticas, frente al 8% de los favorecidos. A esto se suma la extensión de la pobreza y la exclusión social, que afecta desproporcionadamente a comunidades como Madrid o Cataluña, las más segregadas según PISA. La segregación escolar, impulsada por programas bilingües que favorecen a centros con mayor demanda familiar, ha incrementado la concentración de alumnado vulnerable en el 46,8% de los públicos, donde el 90% de estos centros acoge a niños de bajo nivel socioeconómico. En este contexto, el profesorado enfrenta una «quema» profesional: alta temporalidad (34% en centros vulnerables), calendarios escolares extensos y una desmotivación rampante, con solo el 24% ilusionado por su labor en 2023, frente al 60% en 2007.
La proliferación de academias privadas emerge como respuesta aparente a esta crisis, pero en realidad la agrava. Casi la mitad del alumnado español acude a estas instituciones complementarias, un fenómeno que cuestiona la eficacia de la jornada escolar pública. Estas academias, con un mercado que genera miles de millones, ofrecen refuerzo personalizado, preparación para selectividad y un enfoque en competencias laborales, atrayendo al 46% de los estudiantes según estudios de ESADE. Su auge coincide con el estancamiento público: mientras las escuelas estatales pierden unidades (como las 45 en infantil y 94 en primaria suprimidas en Madrid en 2003), las privadas crecen un 129% en matrícula desde 2015. Este trasvase no democratiza el acceso; lo elitiza. Familias de clase media invierten en «segundas oportunidades» que los desfavorecidos no pueden permitirse, perpetuando una brecha donde el éxito educativo depende del bolsillo familiar.
La Segregación como Motor de Desigualdad
La relación entre el bajo nivel público y el boom privado es simbiótica y destructiva. Los centros públicos, al concentrar vulnerabilidad, ven mermada su capacidad para innovar: ratios altas, falta de apoyo psicológico y una burocracia que prioriza informes sobre pedagogía. En contraste, las academias operan con flexibilidad, metodologías activas y tecnología, pero su impacto se limita a quienes pagan. Esto genera un «efecto gueto»: el 72% de los estudiantes de bajo nivel socioeconómico acude a escuelas con alta concentración vulnerable, donde el rendimiento cae y el abandono educativo temprano alcanza el 14%, el doble de la media europea. Reflexionando, ¿no es esto una traición al mandato constitucional de igualdad? La escuela pública, concebida como ascensor social, se convierte en trampa para los más débiles, mientras las privadas se erigen en refugio para los privilegiados.
Políticamente, el problema radica en la descentralización autonómica, que fomenta competencias fiscales en detrimento de la equidad. Regiones como Madrid, con financiación pública por alumno un 20% inferior a la media, priorizan conciertos y privados, ampliando la segregación. El Consejo Escolar del Estado alerta de la falta de recursos para transversalidad educativa –paz, salud, igualdad–, áreas que requieren inversión que no llega. Además, reformas como la LOMLOE, pese a buenas intenciones, no abordan la raíz: la ausencia de evaluación rigurosa del profesorado y la inestabilidad en plantillas. En este vacío, las academias llenan huecos, pero a costa de mercantilizar el saber, transformando la educación en servicio premium.
El Costo Humano y Social de esta Dualidad
El impacto trasciende aulas: un 34,7% de la población adulta española tiene bajo nivel educativo, el doble de la UE, con desempleo juvenil disparado y brechas de género persistentes. Jóvenes de públicos, sin refuerzo, enfrentan inserción laboral precaria, mientras que los de privados acceden a redes exclusivas. Esta polarización erosiona la cohesión social, fomentando resentimientos y desconfianza. Reflexionando éticamente, ¿qué sociedad construimos cuando el conocimiento se privatiza? La escuela debería ser espacio de encuentro, no de exclusión. El laissez-faire en públicos, propiciado por administraciones, contrasta con la exigencia en privados, donde el esfuerzo se premia con resultados.
Sin embargo, no todo es sombrío. Hay oasis: centros públicos innovadores que integran diversidad con éxito, demostrando que con inversión –al menos el 6% del PIB recomendado por UNESCO, frente a nuestro 5,7%– la calidad es posible. Programas de inclusión, como los de Finlandia, muestran que equidad y excelencia coexisten cuando se prioriza lo público.
Hacia un Renacer Educativo
Para romper este ciclo, urge una pacto nacional: aumentar financiación pública al 6,5% del PIB, reducir segregación mediante planificación de plazas y becas universales para refuerzos. Formar profesorado en complejidad social, implementar evaluaciones formativas y fomentar colaboración público-privada ética, donde academias complementen sin suplantar. Reflexionando, la educación no es lujo; es derecho. Si permitimos que el declive público alimente el privado, condenamos a generaciones a la desigualdad. Es hora de invertir en lo común, en aulas donde todos brillen, no solo los que pagan. Solo así, la educación será el gran igualador que merecemos.
